El racismo anti-europeo como doctrina jurisprudencial


NENA NOVO

ESTRASBURGO (NOVOpress) –
Ha sido grande el revuelo que ha levantado la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la validez legal del rito gitano de matrimonio.
María Luisa Muñoz Díaz, La Nena, gitana de algo más de 50 años, se casó con tan sólo 15 con su marido, por el rito gitano en 1971.
Tras 30 años de matrimonio alegal y el fallecimiento de su marido, La Nena, quiso cobrar la pensión de viudedad “como todo hijo de vecino”.
Pero La Nena, no es como cualquier vecino. En la época preconstitucional en que se casó, no existía la posibilidad de realizar un matrimonio válido no católico. De existir tampoco lo hubiera hecho. Tras la llegada de la Constitución y las reformas en derecho civil y matrimonial, La Nena y su marido no legalizaron su matrimonio por el único sistema válido en Derecho español: el registro en el Registro Civil.
En efecto, en España sólo existe un matrimonio con efectos legales válidos: el matrimonio civil aunque este puede realizarse bajo forma civil o religiosa, pero sólo adquiere validez jurídica tras su inscripción registral.
Así, el artículo 61 del Código Civil señala que para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio éste deberá inscribirse en el Registro Civil.
Es pues la inscripción en el Registro la que reviste de validad y legalidad al matrimonio. El matrimonio religioso válido, adquiere su validez legal de la automática inscripción registral. Así el matrimonio católico es un matrimonio religioso, pero con plenos efectos civiles por su automática inscripción en el Registro (artículo 60 del Código Civil). En cualquier caso la celebración religiosa con efectos civiles debe realizarse por el rito de una confesión religiosa inscrita “en los términos acordados con el Estado”, según el artículo 59 del Código y no por las creencias rituales y tribales de todos los colectivos que se asienten en territorio nacional.
Así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7 de octubre de 1999 señala, recogiendo la reiterada jurisprudencia constitucional, que la unión de hombre y mujer concertada mediante el rito gitano no tiene la consideración legal de matrimonio, siendo la forma de contraer el matrimonio y no la raza lo que determina los efectos legales del mismo, por lo que no existe vulneración del principio de discriminación por razón de raza.
Así, la LGSS (RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio) en su artículo 174.1º, 2º y 3º señala los requisitos necesarios para ser titular del derecho a percibir pensión de viudedad, y entre ellos está ser o haber sido cónyuge legítimo del causante, y no haber celebrado nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona, para poder ser titular del derecho a percibir la pensión de viudedad a la muerte del causante.
Este es el marco normativo por el que los Juzgados y Tribunales españoles fallaron contra la descabellada pretensión de La Nena. No es una pretendida discriminación étnica sino una estricta aplicación igualitaria de la Ley la que ha acontecido en la reclamación judicial de la gitana en reclamación de una pensión de viudedad que sólo puede corresponder a quien válidamente ha celebrado su matrimonio. Lo contrario supondría inseguridad en el tráfico civil y un agravio comparativo para quien sí respeta las leyes y las normas.
No lo entendió Estrasburgo de ésta manera, y condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social a pagar 50.000 euros por atrasos en el pago de la y 20.000 por el perjuicio moral ocasionado (sic).
El TEDH señala que se ha violado el artículo 14 que prohíbe la discriminación y el artículo 1 sobre la protección de la propiedad de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. “El Tribunal no sabría aceptar el enfoque del Gobierno según el cual la demandante habría podido evitar la discriminación casándose civilmente: sostener que una víctima habría podido evitar una discriminación modificando uno de los elementos en litigio vaciaría de sustancia el artículo 14 (contra la discriminación)”, agregó.
La jurisprudencia sentada por Estrasburgo reconoce así la posibilidad de que “las minorías” sean tratadas de forma diferente “para poderlas integrar en la sociedad” como señala el abogado de La Nena, reduciendo la controversia a un litigio racial.
Ello significa una discriminación positiva hacia los gitanos, sensu contrario, supone una discriminación (negativa, claro está) para la población local europea, que ve como se les exige un riguroso cumplimiento de las leyes mientras que “las minorías” extraeuropeas tienen vía libre para saltarse a la torera el ordenamiento jurídico.
Supone así la consolidación del racismo antieuropeo como doctrina jurisprudencial. Ciudadanos de segunda en nuestra propia casa.

Leer completo en: http://es.novopress.info/4811/el-racismo-anti-europeo-como-doctrina-jurisprudencial/

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